Póliza de Hogar: Cómo definir el valor asegurado adecuado

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Para establecer el valor adecuado en una póliza de hogar en Colombia, primero que todo se debe tener en cuenta que en Colombia, los seguros cuentan con un principio general, el cual tiene como base el que la indemnización debe corresponder a lo que efectivamente se pierde. Esto quiere decir que el objetivo del seguro es resarcir las pérdidas que sufra el asegurado, como consecuencia de un siniestro, amparado bajo la misma póliza contratada.

Asimismo, en una póliza de hogar se debe tener un interés asegurable, y esto quiere decir, que se debe contar con la propiedad (ser el dueño del bien asegurado), puesto que a falta de este, se pierde el derecho a la indemnización. No obstante, existe la posibilidad de tener un beneficiario oneroso, cuando existe una hipoteca, pignoración o demás figuras legales, mediante las cuales se toma un crédito y parte o la totalidad del bien, se encuentran endosados a favor de entidades crediticias, legalmente constituidas y autorizadas para funcionar en el país, con la respectiva cláusula de renovación automática.

Póliza de hogar

Las pólizas de hogar, como todo contrato de seguro, contienen unas cláusulas, mediante las cuales se establecen las condiciones generales y particulares; ello quiere decir, y por tratarse de un contrato de adhesión, que la aseguradora establece las condiciones y el asegurado, tomador y beneficiario, las acepta y se acoge a las mismas.

Es así como encontramos, que para el caso específico de los apartamentos, el valor asegurado en una póliza de hogar debe corresponder a la suma de dinero necesaria, para reconstruir el mismo en caso de siniestro, teniendo en cuenta, que la mayor parte de la construcción del apartamento, corresponde a áreas comunes, ya que entre otras la placa del piso, el techo y las paredes que hacen parte de la estructura de la copropiedad, son bienes comunes y por lo tanto no son de propiedad del eventual asegurado, dejando de existir el interés asegurado, sin desconocer el porcentaje que por derecho propio y establecido en la escrituras, corresponde a cada copropietario (coeficiente).

Por lo tanto encontramos que aproximadamente entre el 25% y 35%, del valor comercial del apartamento, es lo que debe establecerse como suma asegurada para la edificación (reconstrucción) de cada apartamento. Es por ello que desafortunadamente, la inmensa mayoría de la pólizas que se suscriben con las aseguradoras, establecen un valor asegurado inadecuado, lo cual conlleva a que en caso de siniestro, eventualmente se aplique la cláusula del supra seguro y no se reconozca el pago de la indemnización, sobre el valor asegurado establecido en la caratula de la póliza y que espera la persona afectada (asegurado/ beneficiario).

Tan es así que encontramos cláusulas que indican a manera de ejemplo: El presente contrato de seguro (póliza) ampara única y exclusivamente, en el caso de la edificación, la parte de la vivienda de propiedad del asegurado y por lo tanto los siniestros (pérdidas), ocurridas sobre partes de la construcción que sean de propiedad o uso común, únicamente cuentan con cobertura sobre la proporción y derecho, que sobre las mismas tenga el asegurado, lo cual es un porcentaje bajísimo, según se encuentre indicado y establecido en la escritura del apartamento o casa, cuando se trate de propiedad horizontal.  

Igualmente es importante hacer notar, que existen varias diferencias, en los clausulados de las aseguradoras, y por ello la recomendación es solicitar la asesoría a uno de los diferentes intermediarios de seguros, para el estudio detenido de todas y cada una de la cláusulas contenidas en los contratos de seguros, antes de contratar la póliza, para conocer en detalle el alcance de las coberturas, sub límites, deducibles y demás.

No obstante lo anterior, afortunadamente existe en el mercado una póliza de una reconocidísima aseguradora, la cual permite asegurar el inmueble por su valor comercial, es decir que la suma asegurada corresponda al valor por el cual se podría llegar a vender el inmueble, sin que se tenga en cuenta, la distribución de la suma asegurada, entre área privada y común, lo cual hace que efectivamente y en caso de siniestro, se indemnice al beneficiaro, por el valor real de la pérdida, descontando el respectivo deducible, (si aplica, según el amparo afectado) y se haga un verdadero y justo pago de indemnización.

Finalmente y dada la trayectoria, experiencia, idoneidad y capacidad técnica, de nuestra firma, los invitamos a contactarnos en nuestros correos electrónicos, para poder brindar la asesoría adecuada y tomar la mejor opción al contratar cualquier tipo de seguro.

Contacto

Seguros generales: tecgenerales@perezlara.com
Gerencia comercial: gerenciacomercial@perezlara.com

Póliza de RCE para Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada

polizas de responsabilidad civil

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 356 de 1994, emanado por la Súper Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, todas la empresas que se encuentren debidamente inscritas en la Cámara de Comercio respectiva y registradas ante la citada entidad, deben contar con una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, que contemple la cobertura, (Predios Labores y Operaciones) ante eventuales siniestros, producto del uso indebido de armas u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, con un valor asegurado no inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales vigentes, con una vigencia de un (1) año; es decir que ante la ocurrencia de un hecho (siniestro) en que sean afectados los bienes o las personas, producto del uso indebido de las armas u otros elementos de vigilancia privada, tales como garret, arcos, gas pimienta, caninos, etc. (según la resolución otorgada por la Súper Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en sus diferentes modalidades – fija, móvil, escoltas, medio tecnológico, etc.) y se dañen o afecten bienes de terceros o causen lesiones o muerte a las personas, bien sean usuarios del servicio o terceros, la póliza responderá civilmente (es decir monetariamente – indemnización) ante los dueños, los terceros afectados o sus causahabientes, siempre y cuando sea clara y evidente la responsabilidad que sobre tales hechos, se le pueda endilgar a la empresa de vigilancia.

Es importante hacer notar, que en la actualidad existen varias aseguradoras, que otorgan la póliza, pero no indican claramente si incluyen o no la cobertura de gastos médicos, dejando sin soporte legal a la empresa de vigilancia, para que pueda afectar la misma, en caso de siniestro, siendo precisamente este el espíritu del Decreto, citado en el encabezado del presente escrito.

Encontramos también, que algunas pólizas contemplan sub límites, para el amparo de gastos médicos, muy por debajo del valor asegurado contemplado en el Decreto 356 de 1994 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada e incluso con deducibles, que hacen inoperante las pólizas en caso de siniestro, teniendo ello como consecuencia, el que la empresa de vigilancia deba pagar y correr con estos gastos, a pesar de tener contratado un seguro.

Se puede afirmar, además, que la generalidad de este tipo de pólizas, contemplan un deducible, (dependiendo del amparo afectado), que, según la definición del Código de Comercio, es la suma que invariablemente corre por cuenta del asegurado (empresa de vigilancia), en caso de siniestro. Siendo así, los siniestros que estén por debajo del deducible pactado, no serán cubiertos en ningún caso por la aseguradora y de superar el mismo, se descuenta el deducible sobre el valor reclamado, sin superar el límite asegurada, para indemnizar la diferencia a los terceros afectados.

Por lo anteriormente citado, es recomendable el recurrir a un intermediario de seguros (agente, agencia o corredor), conocedor y experto en este tipo de seguros, para que brinde la adecuada y previa asesoría a la colocación de la póliza; así como para el acompañamiento en la presentación del eventual siniestro ante la aseguradora.

Para mayor información comuníquese con nosotros.

Fanpage Pérez Lara

Seguros de Responsabilidad Civil

El fraude pone en jaque los beneficios del SOAT

Fasecolda celebra la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta sobre el fraude al Fosyga, que permitió identificar más de 50 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) falsas y reclamaciones a esta entidad del orden de $12 mil millones, por concepto de accidentes de tránsito ficticios ocasionados por supuestos carros fantasmas.

A esta investigación se suman las 215 mil reclamaciones detectadas por las aseguradoras el año anterior, en las que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se pretendía utilizar para atender eventos distintos a accidentes de tránsito. Como lo reveló Fasecolda en el mes de mayo, los intentos de fraude identificados alcanzaron los $86 mil millones.

Según la agremiación, “el fenómeno de fraude del que es víctima el Fosyga es padecido también por las compañías aseguradoras. Parte del dinero que pagan los colombianos por su seguro SOAT está terminando en entidades y personas inescrupulosas. Este delito se presenta con mayor fuerza en la región Caribe y se está propagando en el resto del territorio nacional”.

Esta situación se agudiza mediante prácticas fraudulentas por uso indebido del SOAT tales como:

Fasecolda celebra la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta sobre el fraude al Fosyga, que permitió identificar más de 50 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) falsas y reclamaciones a esta entidad del orden de $12 mil millones, por concepto de accidentes de tránsito ficticios ocasionados por supuestos carros fantasmas.

A esta investigación se suman las 215 mil reclamaciones detectadas por las aseguradoras el año anterior, en las que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se pretendía utilizar para atender eventos distintos a accidentes de tránsito. Como lo reveló Fasecolda en el mes de mayo, los intentos de fraude identificados alcanzaron los $86 mil millones.

Según la agremiación, “el fenómeno de fraude del que es víctima el Fosyga es padecido también por las compañías aseguradoras. Parte del dinero que pagan los colombianos por su seguro SOAT está terminando en entidades y personas inescrupulosas. Este delito se presenta con mayor fuerza en la región Caribe y se está propagando en el resto del territorio nacional”.

Esta situación se agudiza mediante prácticas fraudulentas por uso indebido del SOAT tales como:

  • Atención médica por eventos diferentes a accidentes de tránsito. Es el caso de una persona que sufre un accidente casero y la IPS cobra los servicios de atención médica como si fuera víctima de un accidente de tránsito.
  • Utilización de pólizas falsas o adulteradas para la formulación de reclamaciones.
  • Cobros duplicados a las aseguradoras. Cuando una IPS reclama los gastos médicos a dos aseguradoras distintas por la misma víctima de accidente de tránsito o, por ejemplo, cuando dos IPS reclaman a compañías distintas por la atención de un mismo paciente que se accidenta en municipios diferentes el mismo día.
  • Prestación de servicios médicos innecesarios y permanencia hospitalaria superior a la requerida, que ponen en riesgo la salud del paciente.
  • Servicios no prestados por algunas IPS que son facturados a las aseguradoras tales como: procedimientos médicos, radiografías, exámenes de diagnóstico que no se realizan, entre otros.
  • Diferencias significativas en los costos de las atenciones entre IPS por procedimientos similares. Es el caso de una IPS que factura un material de osteosíntesis (tornillos, placas, clavos, entre otros) a un valor mayor al precio promedio del mercado
  • Cobro de medicamentos e insumos a precios superiores a los del promedio del mercado. Un mismo medicamento entre dos IPS puede tener diferencias de hasta 500 veces en el valor facturado.
  • Es importante anotar que el SOAT protege de manera integral e inmediata a todas las víctimas de accidentes de tránsito en Colombia, sean conductores, peatones o pasajeros. El año pasado cerca de 400 mil personas se beneficiaron del SOAT, el cual cubre atención médica, farmacéutica y hospitalaria, gastos de transporte de las víctimas, incapacidad permanente e indemnización por muerte y gastos funerarios.

    Estos beneficios se ven seriamente amenazados por el fraude y se requiere de una decidida acción de las autoridades y del Gobierno nacional para frenar este flagelo.

Comunicado de prensa Fasecolda 2016